En las elecciones de Mendoza, el dato no fue quién ganó

El domingo 22 de febrero de 2026, seis departamentos de Mendoza eligieron concejales en elecciones municipales desdobladas. El dato central no fue una disputa partidaria ni un resultado ajustado, sino el bajo presentismo: votó en promedio apenas alrededor del 47% del padrón. En una provincia con tradición de participación relativamente alta en comicios generales, que menos de la mitad de los habilitados concurra a las urnas no puede leerse como un hecho aislado ni como simple apatía circunstancial, es un síntoma cultural que merece una interpretación más profunda.

Desde una perspectiva antropológica, el voto no es solo un mecanismo institucional para asignar cargos, sino un ritual cívico que reafirma la pertenencia. La escuela convertida en centro electoral, la fila, el sobre, la firma en el padrón, el sello en el documento: todos son gestos que producen comunidad. Cuando ese ritual pierde convocatoria, lo que se erosiona no es únicamente una estadística, sino la densidad simbólica del acto. El bajo presentismo indica que, para una parte significativa de la ciudadanía, la elección municipal dejó de percibirse como un momento cargado de sentido.

Una primera hipótesis de esto podría ser la fragmentación del calendario electoral. El desdoblamiento municipal, al separar la elección local de la escena nacional o provincial, reduce la intensidad dramática del acontecimiento. Sin una narrativa de “gran decisión”, el comicio se transforma en un trámite administrativo más. En contextos donde el tiempo está cada vez más tensionado por trabajo, familia y recreación, el ciudadano jerarquiza. Si no percibe que en esa urna se juega algo decisivo para su vida cotidiana, la concurrencia se vuelve prescindible.

Una segunda hipótesis se vincularía con procesos históricos más largos. En Argentina, el voto obligatorio fue durante décadas un dispositivo de integración fuerte: votar era parte constitutiva del ser ciudadano. Sin embargo, los ciclos reiterados de promesas y frustraciones, las crisis económicas y la volatilidad de liderazgos han ido desplazando la expectativa de transformación que acompañaba al acto electoral. No se trata necesariamente de rechazo a la democracia, sino de una recalibración de expectativas. Cuando la experiencia acumulada indica que el cambio de nombres no altera de modo tangible la vida diaria, el incentivo simbólico disminuye.

También es relevante considerar la percepción sobre el objeto de elección. Para muchos ciudadanos, un concejo deliberante aparece como una instancia lejana o de impacto difuso. Aunque en términos institucionales el nivel municipal es el más próximo al vecino, en el imaginario social no siempre se lo asocia con decisiones estructurales. Si el cargo en disputa no se percibe como transformador, el ritual pierde gravedad. El bajo presentismo puede entonces interpretarse como una señal sobre el bajo o nulo significado que tiene el acto para un grupo elevado de electores.

Existe además una dimensión emocional. En contextos de polarización o saturación discursiva, la política puede vivirse como ruido constante. La abstención, en ese marco, no necesariamente expresa indiferencia, sino autoprotección. No ir a votar puede convertirse en un gesto silencioso que comunica distancia frente a una oferta que no interpela. Es una forma de lenguaje político negativo: ninguna opción es movilizante.

El posible devenir de este fenómeno abre interrogantes. Si el bajo presentismo se consolida como tendencia, podría instalarse un nuevo piso cultural de participación reducida, con gobiernos sostenidos por minorías intensamente movilizadas. Alternativamente, la dirigencia podría interpretar el dato como advertencia y revisar reglas, calendarios y modos de campaña para recuperar centralidad simbólica. También es posible que la ciudadanía retorne masivamente cuando perciba que la elección tenga carácter plebiscitario.

Lo ocurrido en Mendoza no debe leerse únicamente como una anomalía estadística, sino como un indicador de transformación en la relación entre ciudadanía y sistema político. El voto sigue siendo obligatorio en el plano normativo, pero su obligatoriedad legal ya no garantiza obligatoriedad simbólica. La pregunta de fondo no es solo cómo aumentar el presentismo, sino cómo reconstruir el sentido del acto electoral en una sociedad que evalúa con mayor escepticismo la eficacia de sus rituales públicos.