Reforma laboral: flexibilizar en un mercado roto no crea trabajo de calidad

Entre 2017 y 2024, el salario real promedio del sector privado registrado perdió más del 25% de su poder adquisitivo, según series oficiales (INDEC – RIPTE). En los sectores de menores ingresos, la caída fue aún mayor. Esta pérdida no es coyuntural: expresa una tendencia prolongada donde el ajuste macroeconómico se canaliza, sistemáticamente, a través del ingreso laboral.

Al mismo tiempo, el empleo formal privado muestra un estancamiento persistente. Desde 2011, la economía argentina no logra generar empleo registrado neto de forma sostenida. Cada crisis elimina puestos formales que luego no se recuperan, mientras el empleo informal y el cuentapropismo de baja productividad absorben el impacto.

Hoy, más del 36% de los ocupados trabaja en la informalidad, superando el 45% en provincias del norte y en sectores vinculados al mercado interno. No se trata de un desvío marginal: es un rasgo estructural del actual modelo económico.

Un dato revelador es la pérdida de participación de los salarios en el PBI. A mediados de la década de 2010, la masa salarial representaba cerca del 52% del producto. Hoy se ubica por debajo del 45%, uno de los niveles más bajos desde la salida de la convertibilidad.

Este fenómeno refleja una dinámica clara: la economía sigue produciendo riqueza, pero los trabajadores capturan una porción cada vez menor de ese resultado, mientras que la rentabilidad del capital se recompone con mayor rapidez que los salarios. En ese marco, el ajuste no se limita a lo fiscal ni a las cuentas públicas, sino que opera de manera silenciosa pero profunda sobre la distribución del ingreso, trasladando el peso de la corrección económica desde el Estado y las empresas hacia el trabajo.

La reforma laboral no contiene ningún mecanismo para revertir esta tendencia. Por el contrario, se apoya en la reducción de “costos laborales” como principal variable de ajuste, consolidando un esquema donde el trabajo pierde participación en la distribución del ingreso.

Uno de los pilares del discurso oficial sostiene que las multas por trabajo no registrado “desalientan la formalización”. Sin embargo, ese diagnóstico pasa por alto un dato central: la Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024 ya incorporó un régimen que, en los hechos, eliminó las penalidades por empleo informal.

Bajo el denominado Régimen de Promoción del Empleo Registrado, el Gobierno impulsó un esquema de blanqueo laboral que contempló una amplia condonación de deudas previsionales, la eliminación de multas, intereses y sanciones, y beneficios fiscales para empleadores que regularizaran trabajadores no registrados o deficientemente declarados. El objetivo explícito era incrementar el número de asalariados formales.

El resultado fue elocuente: la informalidad aumento y el empleo formal retrocedió. Es decir, el esquema de “no multar” ya está vigente, y aun así no logró modificar la dinámica del mercado laboral.

La evidencia empírica confirma que la informalidad no se explica por el temor a la multa, sino por factores mucho más profundos: baja productividad, caída del consumo, fragilidad del entramado pyme y ausencia de incentivos económicos reales para sostener empleo registrado. En ese contexto, eliminar definitivamente las sanciones no promueve el blanqueo: reduce el costo de incumplir y legitima la informalidad como estrategia competitiva, profundizando un mercado laboral más precario y desigual.

En economías en expansión, una mayor flexibilidad laboral puede facilitar la movilidad y la transición entre empleos; sin embargo, en una economía estancada o en recesión, como la argentina, esa misma flexibilidad opera en sentido inverso: se traduce en mayor rotación laboral, salarios de ingreso más bajos, menor estabilidad en los puestos de trabajo y un debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores, profundizando la precarización en lugar de impulsar empleo de calidad.

Los datos lo confirman: los nuevos empleos creados en los últimos años se concentran en monotributo, informalidad y contratos precarios, mientras el empleo asalariado privado pierde peso relativo. La reforma no modifica esa dinámica: la acelera.

La reforma laboral evita deliberadamente discutir los factores que sí generan empleo de calidad:

• inversión productiva
• desarrollo sectorial
• capacitación laboral
• aumento de la productividad
• crédito para pymes
• fortalecimiento del mercado interno

Sin estos pilares, reducir derechos y sanciones no crea empleo, solo redistribuye el riesgo hacia el trabajador.

El proyecto de ley no llega para resolver los problemas del empleo formal argentino. Llega a ordenar el ajuste. En un contexto de salarios deprimidos, informalidad creciente y pérdida de participación del trabajo en el PBI, flexibilizar no es modernizar: es consolidar un mercado laboral más precario y más desigual.

El resultado previsible no es más trabajo de calidad, sino trabajo más barato, menos protegido y socialmente insuficiente. Sin crecimiento y sin recomposición del ingreso laboral, la reforma no es una política de empleo: es una política de transferencia silenciosa desde el trabajo hacia el capital.