Republica o Tiranía
En los primeros 45 días de la Administración de Javier Milei, se torna crucial reflexionar sobre la importancia del equilibrio de los poderes en una república, tal como está consagrado en la Constitución Nacional Argentina. Este principio, piedra angular de nuestro sistema democrático, busca evitar la concentración del poder en un solo poder y garantizar la representación de todos los sectores sociales.
La figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), utilizada por Milei para implementar cambios en regulaciones de todo tipo, ilustra una tensión inherente a la dinámica del poder ejecutivo y legislativo. La dimensión del mismo y los cambios que implica, genera un antecedente peligrosísimo para la seguridad jurídica de todos los argentinos.
El Artículo 29 de la Constitución prohíbe expresamente la concesión de facultades extraordinarias que impliquen sumisión o supremacía del Ejecutivo sobre otros poderes, sin embargo los denominados legisladores “dialoguistas” podrían apoyar la suma del poder público a Milei, convirtiéndolos en infames traidores a la patria según el mismo artículo.
Sin duda la amplia victoria de Milei, en la elección presidencial, le otorga legitimidad, pero esta no es absoluta ni ilimitada. El mismo electorado que le confirió el mandato también eligió un Legislativo donde su partido no tiene mayoría y mantuvo estructuras de poder local fuera de su influencia directa. Estos son mecanismos de balance y control imprescindibles, que reflejan la voluntad de los votantes de limitar el poder presidencial y fomentar el diálogo y la negociación entre las diferentes ramas del gobierno.
La antecedentes previos pronostican una clara amenaza a la república, cuando se observan medidas como la eliminación del IVA a los alimentos, los aumentos a monotributistas, y la propuesta de restitución del impuesto a las ganancias, contradiciendo promesas electorales. Estas acciones, sumadas a una emisión monetaria descomunal, plantean serios interrogantes sobre la coherencia y el respeto al mandato popular. Aún más grave es la tensión con el federalismo, esencial en un país diverso y extenso como Argentina, especialmente cuando se manifiestan intenciones de perjudicar a las provincias.
La posibilidad de que una vez aprobada una ley, el Ejecutivo pueda sancionar impuestos unilateralmente, sin coparticipación y sin el adecuado debate legislativo, constituye una preocupación real. Esto podría interpretarse como una violación al espíritu de balance y control que busca el sistema republicano.
El caso de la ley ómnibus resalta la importancia de la división y equilibrio de poderes en una república. Es imperativo que tanto los legisladores como los ciudadanos recuerden y respeten los principios constitucionales que rigen nuestro sistema político, asegurando así que todas las voces sean oídas y que el poder no se concentre desmedidamente en manos de unos pocos. El equilibrio de poderes no es solo una disposición legal, sino un compromiso ético y una práctica democrática vital para el funcionamiento saludable de nuestra sociedad.
