Ingresos, desempleo y vulnerabilidad económica en el Gran San Juan

El presente informe expone un análisis socioeconómico del Gran San Juan a partir de relevamientos realizados en los departamentos de Albardón, Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía realizados en Marzo 2026. El objetivo central es describir e interpretar la situación del mercado de trabajo, el nivel de ingresos y la capacidad efectiva de los hogares para sostener sus consumos mensuales, construyendo además una lectura consolidada del aglomerado a través de un esquema de ponderación poblacional.

El enfoque parte de una premisa analítica relevante. En contextos de deterioro socioeconómico, la observación del desempleo por sí sola resulta insuficiente para comprender la magnitud real de la vulnerabilidad. La inserción laboral puede coexistir con ingresos insuficientes y con fuertes restricciones en la reproducción cotidiana de los hogares. Por eso, el análisis no se limita a identificar quiénes están ocupados o desocupados, sino que incorpora también la relación entre trabajo, ingresos y suficiencia económica del hogar. Esa combinación permite producir una lectura más exigente y más cercana a la experiencia social concreta.

Ficha técnica

El análisis se realizó sobre una base integrada de siete relevamientos efectuados en marzo de 2026 en los departamentos que conforman el Gran San Juan: Albardón, Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía. La muestra total ascendió a 2.658 casos, distribuidos de la siguiente manera: 375 en Albardón, 383 en Capital, 384 en Chimbas, 383 en Pocito, 383 en Rawson, 379 en Rivadavia y 371 en Santa Lucía. Bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95%, máxima indeterminación poblacional (p=q=0,5) y aplicando corrección por población finita, los márgenes de error muestral estimados para cada departamento se ubican en torno a ±5 puntos porcentuales: ±5,03 en Albardón, ±5,00 en Capital, ±4,99 en Chimbas, ±4,99 en Pocito, ±5,00 en Rawson, ±5,02 en Rivadavia y ±5,07 en Santa Lucía. Para el total agregado de la base, el error muestral teórico se reduce a aproximadamente ±1,90 puntos porcentuales bajo esos mismos supuestos.

A fin de construir una lectura consolidada del aglomerado, la base fue ponderada según el peso poblacional relativo de cada departamento dentro del Gran San Juan. Los ponderadores aplicados fueron 5,00% para Albardón, 18,43% para Capital, 16,87% para Chimbas, 11,64% para Pocito, 21,82% para Rawson, 16,23% para Rivadavia y 10,02% para Santa Lucía. La ponderación reprodujo adecuadamente la estructura poblacional del aglomerado, ya que los pesos finales observados por departamento resultaron prácticamente coincidentes con los valores teóricos esperados, registrándose únicamente diferencias marginales atribuibles al redondeo.

Desde el punto de vista analítico, este procedimiento permite trabajar en dos escalas complementarias. Por un lado, ofrece estimaciones válidas para cada departamento, con sus respectivos niveles de precisión muestral. Por otro, habilita una estimación agregada del Gran San Juan metodológicamente consistente, en la que cada jurisdicción aporta al total en función de su peso poblacional efectivo y no únicamente de su tamaño de muestra.

Enfoque analítico

La lectura de los resultados se organizó en tres planos. El primero refiere al mercado de trabajo y permite identificar la magnitud de la ocupación, la desocupación, la inactividad y el peso de jubilados y pensionados. El segundo plano aborda el posicionamiento de los hogares respecto de la línea de pobreza, como aproximación al nivel de insuficiencia monetaria. El tercer plano examina la capacidad efectiva del ingreso del hogar para llegar a fin de mes, dimensión especialmente importante porque traduce la situación económica en términos de experiencia cotidiana. A su vez, se incorporaron cruces entre situación laboral, ingresos, educación y composición del hogar, con el fin de identificar factores que estructuran la desigualdad social dentro del aglomerado.

Panorama general del Gran San Juan

La imagen de conjunto del Gran San Juan muestra una estructura social atravesada por una vulnerabilidad extendida. En el consolidado ponderado, el 54,25% de la población relevada se encuentra ocupada, el 15,03% desocupada, el 11,24% fuera de la búsqueda de empleo y el 19,48% en condición de jubilado o pensionado. A primera vista, la mayoría ocupada podría sugerir cierta estabilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, esa lectura se debilita rápidamente cuando se la vincula con los datos de ingresos y suficiencia económica. La ocupación, en este contexto, no puede leerse automáticamente como un indicador de integración material plena.

En materia de ingresos, el dato dominante es que el 65,68% del total ponderado se ubica por debajo de la línea de pobreza, mientras que apenas el 34,32% se posiciona por encima. Se trata de un resultado de gran relevancia analítica porque señala que la insuficiencia monetaria no se restringe a un segmento acotado, sino que alcanza a una mayoría social. La estructura de ingresos del aglomerado, por lo tanto, se encuentra inclinada hacia la fragilidad antes que hacia la estabilidad.

Cuando se traslada el análisis al plano de la suficiencia del ingreso del hogar, el panorama se vuelve todavía más elocuente. El 36,86% declara que no llega a fin de mes y otro 38,82% afirma que llega justo. En conjunto, esto implica que el 75,68% del Gran San Juan vive en una situación de vulnerabilidad económica ampliada. Solo el 21,17% puede darse algunos gustos y apenas el 3,15% puede ahorrar. El dato no expresa solo una percepción subjetiva, sino un modo de experimentar la economía cotidiana: hogares obligados a administrar escasez, con márgenes de maniobra muy reducidos y con poca o nula capacidad de acumulación.

Mercado de trabajo y desigualdad territorial

La distribución territorial del desempleo muestra diferencias significativas al interior del aglomerado. Pocito registra la mayor tasa de desocupación, con 19,42%, seguido muy de cerca por Rawson con 19,37% y por Chimbas con 18,75%. Estos tres departamentos conforman el núcleo más comprometido del mapa laboral metropolitano. En un segundo nivel aparecen Santa Lucía con 14,56% y Albardón con 14,17%, mientras que Rivadavia con 10,32% y especialmente Capital con 8,36% exhiben desempeños relativamente mejores.

La ocupación también se distribuye de manera desigual. Capital presenta el valor más alto con 62,66%, seguido por Rivadavia con 58,73% y Albardón con 58,56%. En el extremo inferior se ubican Chimbas con 47,66% y Pocito con 48,03%. Esta configuración sugiere que el mercado laboral metropolitano no funciona de forma homogénea, sino que reproduce diferencias espaciales estables. Capital aparece como el territorio con mayor capacidad relativa de absorción laboral, mientras que Chimbas, Rawson y Pocito muestran mayores dificultades para sostener trayectorias de inserción.

Desde una perspectiva interpretativa, estas diferencias no solo expresan contrastes en la dinámica del empleo, sino también distintas posiciones dentro de la estructura social del aglomerado. Allí donde la ocupación es más débil y la desocupación más alta, la vulnerabilidad posterior en ingresos y consumo tiende a intensificarse. No se trata de compartimentos aislados, sino de un mismo proceso de estratificación territorial.

Ingresos y pobreza monetaria

El análisis por departamento confirma que la pobreza monetaria adquiere una distribución desigual pero muy extendida. Chimbas es el caso más crítico, con 85,76% de la población relevada por debajo de la línea de pobreza. Le siguen Albardón con 77,59%, Santa Lucía con 74,91% y Rawson con 68,47%. En estos cuatro departamentos la insuficiencia de ingresos no aparece como una dificultad periférica, sino como una condición social dominante.

Capital y Rivadavia exhiben indicadores menos severos, aunque aun así elevados, con 56,42% y 53,36% respectivamente por debajo de la línea de pobreza. Pocito presenta el mejor resultado relativo con 48,53%, pero incluso en este caso el dato sigue siendo socialmente exigente, ya que implica que casi la mitad de los casos válidos se encuentra en situación de insuficiencia monetaria.

El principal hallazgo aquí es que el Gran San Juan combina una economía socialmente tensionada con una fuerte desigualdad territorial interna. No todos los departamentos están igual de golpeados, pero incluso los mejor posicionados muestran proporciones de pobreza incompatibles con una lectura de normalidad económica. La diferencia entre departamentos no anula la gravedad general, sino que ordena grados distintos de deterioro dentro de un mismo escenario estructuralmente frágil.

Suficiencia del ingreso y experiencia cotidiana de la crisis

La pregunta sobre suficiencia del ingreso del hogar permite observar de qué manera la restricción económica se traduce en la vida cotidiana. Chimbas vuelve a aparecer como el caso más comprometido, con 47,80% de hogares que no llegan a fin de mes. Lo siguen Pocito con 45,96%, Rawson con 42,78% y Albardón con 41,64%. Santa Lucía se ubica en 36,26%, Rivadavia en 27,12% y Capital en 21,61%.

Estos datos indican que el problema no se limita a un nivel de ingresos abstractamente bajo, sino que se manifiesta en una dificultad concreta para sostener el funcionamiento corriente del hogar. La economía doméstica, en una porción sustantiva del aglomerado, opera bajo presión. El pago de servicios, alimentos, transporte, educación o gastos imprevistos probablemente se tramita en un marco de ajuste permanente, sin capacidad de holgura.

Cuando se suma la categoría “llega justo” a la de “no llega a fin de mes”, la extensión del problema se vuelve todavía más nítida. Rawson lidera la vulnerabilidad ampliada con 85,28%, seguido por Chimbas con 84,34%, Albardón con 80,17%, Pocito con 77,44% y Santa Lucía con 77,19%. Rivadavia desciende a 64,97% y Capital a 62,60%, pero ambos siguen mostrando mayorías amplias de hogares con márgenes económicos estrechos. En otras palabras, el aglomerado no presenta únicamente un sector empobrecido, sino una estructura donde la fragilidad del consumo cotidiano alcanza a una parte dominante de la población.

La insuficiencia del empleo como hallazgo central

Uno de los resultados más relevantes del estudio surge del cruce entre situación laboral e ingresos. Entre quienes se encuentran ocupados, el 55,41% está por debajo de la línea de pobreza. Este dato es especialmente significativo porque desplaza la interpretación clásica que asocia vulnerabilidad exclusivamente con desempleo. En el Gran San Juan, el trabajo existe para una parte importante de la población, pero con frecuencia no alcanza para garantizar una situación económica suficiente.

Este punto modifica la lectura del problema social. La cuestión no es solo cuántos quedan afuera del mercado de trabajo, sino también qué calidad material produce la inserción de quienes sí participan en él. La presencia de trabajadores pobres revela una estructura laboral que probablemente combina informalidad, bajos salarios, inestabilidad o empleos de escaso rendimiento económico. En ese marco, la ocupación deja de ser un refugio pleno frente a la pobreza y pasa a convivir con ella.

La situación es aún más crítica en otros grupos. Entre los desocupados, el 76,42% se ubica por debajo de la línea de pobreza. Entre quienes no buscan empleo, el porcentaje asciende a 77,06%. Entre jubilados y pensionados, alcanza el 82,94%. Esto sugiere que la vulnerabilidad monetaria se agrava fuera del empleo, pero también que la protección ofrecida por el trabajo es limitada y parcial.

Trabajo y suficiencia económica del hogar

El cruce entre situación laboral y suficiencia del ingreso del hogar refuerza esta interpretación. Entre quienes están ocupados, el 18,26% no llega a fin de mes y el 46,59% llega justo. Es decir, aun dentro del universo ocupado, el 64,85% se encuentra en vulnerabilidad ampliada. El empleo amortigua, pero no resuelve plenamente la fragilidad económica.

Entre los desocupados, la situación es más severa. El 65,09% no llega a fin de mes y otro 30,76% llega justo. Entre jubilados y pensionados, el 66,57% no llega a fin de mes y el 25,19% llega justo. Estos porcentajes muestran que tanto la exclusión del empleo como la dependencia de ingresos previsionales se asocian con niveles muy altos de tensión material.

Desde una lectura institucional, esto obliga a evitar diagnósticos lineales. No alcanza con distinguir entre quienes tienen trabajo y quienes no. El cuadro real del Gran San Juan es el de una sociedad donde la inserción laboral, la previsión social y la inactividad se combinan con distintos grados de insuficiencia económica, pero todos dentro de un clima general de restricción.

Educación e inserción laboral

La educación aparece como una de las variables más potentes para comprender la desigualdad de oportunidades laborales. Entre quienes tienen nivel primario, apenas el 9,28% se encuentra ocupado, mientras que el 24,69% está desocupado y el 62,29% es jubilado o pensionado. En el grupo sin estudios, la presencia de jubilados y pensionados alcanza 95,14%, lo que sugiere un fuerte sesgo etario en ese segmento.

En cambio, entre quienes alcanzaron formación técnica o terciaria, el 86,41% está ocupado y solo el 3,69% desocupado. Entre universitarios, la ocupación llega al 74,38% y la desocupación cae al 1,67%. Incluso entre quienes tienen secundario completo, aunque la situación es más mixta, la inserción laboral resulta claramente mejor que en los niveles bajos.

La interpretación es consistente. A mayor capital educativo, mayor capacidad de inserción y menor exposición al desempleo. Esto no elimina la posibilidad de ingresos insuficientes, pero sí reduce el riesgo de exclusión laboral abierta. La educación, por lo tanto, no es solo una variable descriptiva, sino un estructurador decisivo de las trayectorias sociales dentro del aglomerado.

Composición del hogar y vulnerabilidad

El cruce entre presencia de hijos o menores a cargo y suficiencia económica arroja un resultado que merece una lectura cuidadosa. Entre quienes tienen menores a cargo, el 34,52% no llega a fin de mes y el 37,95% llega justo. Entre quienes no tienen menores a cargo, el 39,82% no llega a fin de mes y el 39,92% llega justo. A primera vista, la situación parece algo más adversa entre quienes no tienen menores, lo que sugiere que la vulnerabilidad no depende exclusivamente de la carga de cuidados o del tamaño potencial de las necesidades del hogar.

Una interpretación plausible es que en los hogares sin menores pesa más la presencia de adultos mayores, jubilados o composiciones domésticas con ingresos fijos y bajos. En ese sentido, la composición etaria podría estar operando con más fuerza que la sola presencia de hijos. Esto refuerza la idea de que la vulnerabilidad del aglomerado tiene múltiples rostros y no puede reducirse a un único perfil social.

Lectura sintética por departamento

Capital surge como el departamento de mejor desempeño relativo dentro del Gran San Juan. Registra la menor desocupación, la menor proporción de hogares que no llegan a fin de mes, la menor vulnerabilidad ampliada y uno de los mejores niveles de ingreso relativo. No obstante, su situación dista de ser holgada. Más de la mitad de los casos válidos se encuentra bajo la línea de pobreza y casi dos tercios vive entre el “no llega” y el “llega justo”. Capital está mejor que el resto, pero dentro de un contexto general todavía tensionado.

Rivadavia también muestra un posicionamiento relativamente más favorable, aunque con un deterioro superior al de Capital en varios indicadores. Su desempleo es moderado, sus niveles de pobreza monetaria son altos pero no extremos, y su vulnerabilidad ampliada, aunque menor que en la mayoría de los departamentos, sigue alcanzando a casi dos tercios de la población.

Chimbas aparece como el departamento más comprometido del estudio. Combina altos niveles de desempleo, la mayor proporción de población bajo la línea de pobreza, el mayor porcentaje de hogares que no llegan a fin de mes y una vulnerabilidad ampliada que supera el 84%. Chimbas concentra, de forma especialmente visible, la superposición entre fragilidad laboral, insuficiencia de ingresos y deterioro del bienestar cotidiano.

Rawson también se ubica entre los casos más críticos. Presenta una de las tasas más altas de desempleo y el mayor valor de vulnerabilidad ampliada del conjunto. Su problema central parece residir menos en la pobreza monetaria extrema que en la extensión de hogares que viven con márgenes mínimos o directamente insuficientes para sostener el mes.

Pocito constituye un caso interesante. Lidera el desempleo, pero exhibe el mejor resultado relativo en ingresos. Sin embargo, vuelve a empeorar fuertemente en la pregunta sobre llegar a fin de mes. Esto sugiere una estructura interna heterogénea, donde los ingresos monetarios declarados no siempre se traducen en una percepción de suficiencia material consistente.

Albardón y Santa Lucía ocupan posiciones intermedias-altas de vulnerabilidad. Ambos combinan niveles elevados de pobreza monetaria con porcentajes importantes de hogares que no llegan a fin de mes y con indicadores muy altos de vulnerabilidad ampliada. En ellos, la fragilidad social no alcanza los máximos de Chimbas o Rawson, pero sí adquiere una magnitud claramente estructural.

Conclusiones

El análisis del Gran San Juan permite arribar a una conclusión central. La vulnerabilidad socioeconómica del aglomerado no se explica únicamente por la desocupación, aunque esta sea elevada en varios departamentos. El rasgo más significativo del escenario es que la insuficiencia económica atraviesa también a quienes tienen trabajo. La existencia de una mayoría de ocupados no se traduce automáticamente en bienestar material, porque una porción muy importante de ese universo continúa por debajo de la línea de pobreza y con dificultades para llegar a fin de mes.

En ese marco, la pobreza y la fragilidad del consumo aparecen como fenómenos más amplios que el desempleo abierto. La sociedad metropolitana del Gran San Juan muestra una estructura donde el esfuerzo laboral muchas veces no alcanza para garantizar condiciones de vida estables, y donde la desigualdad territorial intensifica esa fragilidad. Capital y Rivadavia exhiben mejores desempeños relativos, pero no escapan al cuadro general. Chimbas, Rawson, Albardón, Santa Lucía y, con rasgos propios, Pocito, concentran los perfiles más comprometidos.

Desde una perspectiva institucional, los resultados sugieren que cualquier estrategia de intervención debería evitar enfoques unidimensionales. No alcanza con políticas centradas exclusivamente en creación de empleo si ese empleo no logra traducirse en ingresos suficientes. Tampoco alcanza con mirar solo pobreza monetaria sin incorporar la experiencia concreta de los hogares respecto de su capacidad de sostener el mes. El escenario que describe este estudio exige pensar de manera articulada empleo, calidad del ingreso, protección social y desigualdad territorial.

En síntesis, el Gran San Juan presenta una economía socialmente exigida, con una mayoría de hogares viviendo bajo restricción y con diferencias espaciales que ordenan distintos grados de vulnerabilidad dentro de un mismo patrón estructural. La pregunta central que deja abierto este informe no es solamente cuántos trabajan y cuántos no, sino cuántos logran convertir su inserción económica en una vida materialmente sostenible. A la luz de los datos, la respuesta es todavía limitada.

ANEXO I: Justificación metodológica del relevamiento en campo frente a la EPH-INDEC

La utilización de un relevamiento en campo se encuentra justificada aun en presencia de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, no porque esta última carezca de valor, sino porque ambas herramientas responden a objetivos, escalas y necesidades analíticas diferentes. La EPH constituye la referencia oficial indispensable para la producción de indicadores comparables, homogéneos y metodológicamente estandarizados a nivel nacional y por aglomerados urbanos. Su fortaleza reside en su diseño probabilístico, en la consistencia de sus definiciones y en su capacidad para sostener series de comparación en el tiempo. Sin embargo, esas mismas virtudes conviven con limitaciones que vuelven necesario complementar la información oficial con estudios territoriales específicos cuando el objetivo es producir diagnóstico aplicado para la toma de decisiones a escala local.

La principal limitación de la EPH para este caso es de carácter territorial. En las publicaciones oficiales, el Gran San Juan aparece como un único aglomerado urbano. Esto implica que la información se presenta agregada para el conjunto, sin desagregación sistemática para Albardón, Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía. Desde el punto de vista estadístico, ello es razonable, porque la EPH fue diseñada para producir estimaciones robustas a nivel de aglomerado y no para cada departamento que lo compone. Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión pública, esta característica introduce una limitación relevante, ya que la información promedio del aglomerado no permite identificar con precisión dónde se concentran los mayores niveles de fragilidad, qué territorios presentan los cuadros más críticos ni qué segmentos departamentales demandan respuestas prioritarias. Un estudio en campo como el aquí presentado permite justamente resolver esa escala de observación, al producir evidencia específica para cada departamento y mostrar desigualdades internas que la EPH, por diseño, tiende a promediar y, por lo tanto, a invisibilizar.

A esta limitación territorial se suma una limitación temporal. La última EPH publicada en materia de mercado de trabajo para Gran San Juan corresponde al cuarto trimestre de 2025, mientras que la última publicación de pobreza refiere al segundo semestre de 2025. El relevamiento propio, en cambio, fue realizado en marzo de 2026, por lo que ofrece una lectura más cercana al presente de decisión. En contextos de alta inestabilidad económica y social, la oportunidad de la información se convierte en una variable crítica. La existencia de datos oficiales metodológicamente robustos no elimina la necesidad de contar con mediciones más recientes cuando se trata de diagnosticar clima social, capacidad de consumo, percepción de suficiencia de ingresos o cambios en la inserción laboral. La EPH aporta estructura y comparabilidad; el relevamiento en campo aporta actualidad y sensibilidad frente a cambios recientes. Para la toma de decisiones, ambas dimensiones son valiosas, pero cumplen funciones diferentes.

Existe también una diferencia sustantiva en el tipo de problema que cada instrumento permite observar. La EPH mide empleo, desocupación, subocupación, ingresos y pobreza bajo definiciones oficiales rigurosas, construidas para garantizar comparabilidad intertemporal y entre aglomerados. El relevamiento en campo, por su parte, permite captar con mayor claridad la forma en que esas condiciones se expresan en la vida cotidiana de los hogares. Variables como la autopercepción de situación laboral, la ubicación respecto de un umbral de pobreza predefinido y, especialmente, la capacidad de llegar a fin de mes o de vivir con holgura económica, producen un tipo de información de enorme valor para la gestión, porque traducen el deterioro material en experiencia concreta. En ese sentido, el estudio no busca replicar exactamente la tasa oficial de desocupación ni la incidencia oficial de pobreza, sino construir indicadores territorialmente operativos que permitan identificar niveles, intensidades y formas de la vulnerabilidad socioeconómica en tiempo presente.

Otro aspecto que justifica el relevamiento es su utilidad para la acción pública focalizada. La EPH fue diseñada como una encuesta multipropósito para estimar condiciones socioeconómicas en grandes agregados urbanos. Por ello, su muestra, su esquema de difusión y su lógica de expansión no están orientados a la gestión de proximidad ni a la priorización microterritorial. En cambio, un operativo de campo específicamente construido para el Gran San Juan permite no solo conocer la situación general del aglomerado, sino también ordenar territorios según su nivel de criticidad, identificar núcleos de mayor vulnerabilidad y diferenciar perfiles sociales y espaciales al interior del área metropolitana. Para una toma de decisiones eficaz, esta capacidad de discriminación territorial resulta central. La diferencia entre un dato agregado y una lectura departamental puede definir si una política, una intervención o una estrategia de comunicación pública se orienta correctamente o no.

En términos estrictamente metodológicos, el estudio en campo encuentra su legitimidad en la pregunta que busca responder. La EPH permite saber cómo se ubica oficialmente el aglomerado Gran San Juan dentro de la estructura estadística nacional. El relevamiento propio permite saber cómo se distribuyen hoy, dentro del aglomerado, el desempleo, la insuficiencia de ingresos y la vulnerabilidad económica cotidiana entre los distintos departamentos y perfiles sociales. La primera pregunta es indispensable para la comparación oficial. La segunda es indispensable para la gestión territorial. Ninguna reemplaza a la otra. Por el contrario, se potencian mutuamente: la EPH aporta marco estructural, comparabilidad y legitimidad estadística; el trabajo en campo aporta proximidad, detalle, oportunidad y capacidad de intervención.

En consecuencia, la realización de un estudio en campo no solo se justifica frente a la EPH, sino que resulta metodológicamente necesaria cuando el objetivo es producir un diagnóstico situado del territorio, identificar heterogeneidades internas y ofrecer evidencia útil para la toma de decisiones públicas o institucionales. La EPH constituye el estándar oficial de referencia. El relevamiento en campo constituye la herramienta adecuada para traducir ese marco general en inteligencia territorial aplicada. Allí radica su principal valor.